Documentos oficiales muestran que el organismo de control objetó una adjudicación realizada por el actual intendente cuando presidía la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Meses después, la propia AABE revocó la resolución y dejó sin efecto el contrato. Una auditoría posterior de la AGN también examinó la gestión del organismo entre 2016 y 2019.
Antes de convertirse en intendente de San Isidro, Ramón Lanús estuvo durante cuatro años al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo nacional encargado de administrar una parte sustancial del patrimonio inmobiliario estatal. Fue presidente de la Agencia desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Su paso por aquel organismo estuvo atravesado por una intensa política de venta, concesión y reutilización de inmuebles estatales. La propia AABE defendía entonces ese criterio como una herramienta para poner en valor activos ociosos y obtener recursos para infraestructura. En 2018, Lanús sintetizó esa filosofía de gestión al señalar que vender tierras era un instrumento para financiar otros desarrollos del Estado.
Sin embargo, documentos oficiales que permanecen disponibles permiten reconstruir objeciones concretas formuladas por organismos de control sobre algunas decisiones tomadas durante aquella gestión.
Uno de los casos más claros es el del Paseo de la Infanta, en Palermo.
El cuestionamiento de SIGEN
El 28 de enero de 2020, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó oficialmente que había remitido a la Oficina Anticorrupción, a la AABE y a la Jefatura de Gabinete un informe que cuestionaba la adjudicación del predio.
La observación tenía un punto particularmente delicado: un oferente había planteado la existencia de un conflicto de intereses porque mantenía antecedentes de una disputa judicial con Ramón Lanús. Frente a esa situación, el propio entonces presidente de AABE realizó una consulta a SIGEN.
Según informó después oficialmente la Sindicatura, su dictamen técnico determinó que Lanús debía apartarse del procedimiento y no estaba habilitado para firmar la adjudicación.
Pese a ello, el 9 de diciembre de 2019, un día antes del cambio de gobierno nacional, Lanús intervino en la resolución que adjudicó por diez años la explotación comercial de 15 locales del Paseo de la Infanta a Estación Rosedal S.A.
La Resolución AABE Nº 560/2019 estableció una concesión por $435 millones para los 120 meses del contrato. La existencia, fecha, adjudicatario y monto de aquella decisión quedaron posteriormente reproducidos en otra resolución oficial de la propia Agencia.
SIGEN consideró además que se habían incumplido aspectos del Decreto 202/2017, la normativa nacional destinada específicamente a evitar conflictos de intereses en contrataciones con el Estado.
Esa norma dispone que, cuando exista una vinculación relevante entre un funcionario con capacidad de decisión y una persona involucrada en una contratación estatal, el funcionario debe abstenerse de seguir interviniendo y el trámite debe continuar a cargo de quien corresponda en caso de excusación.
La propia AABE terminó revocando la adjudicación
Pero el episodio no terminó con el informe de SIGEN.
Meses más tarde, las nuevas autoridades de la propia Agencia de Administración de Bienes del Estado dictaron la Resolución Nº 22/2020. El documento constituye probablemente la constancia oficial más relevante para analizar hoy aquel procedimiento.
En sus considerandos, AABE incorporó expresamente la observación de SIGEN y señaló que, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Ética Pública y el Decreto 202/2017, Ramón María Lanús “debió haberse excusado de intervenir y suscribir” la Resolución Nº 560/19.
La resolución hace una aclaración jurídica importante: sostuvo que aquella intervención de Lanús no generaba por sí sola la nulidad absoluta del acto, porque la decisión también había sido suscripta por el entonces vicepresidente de la Agencia, que tenía competencia para hacerlo.
Sin embargo, la propia AABE concluyó que, en función del principio de transparencia, correspondía dejar la adjudicación sin efecto.
Y eso fue exactamente lo que hizo.
En su artículo segundo, la Resolución Nº 22/2020 dispuso revocar la Resolución Nº 560 del 9 de diciembre de 2019 y dejar sin efecto todos los actos derivados de ella, incluido específicamente el contrato de concesión celebrado con Estación Rosedal S.A.
Además ordenó realizar una nueva convocatoria para concesionar los inmuebles.
Es decir, no se trata solamente de una denuncia política posterior: existe una resolución administrativa oficial que dejó asentado que Lanús debía haberse excusado y que finalmente anuló los efectos de la adjudicación en la que había intervenido.
Qué había respondido Ramón Lanús
El entonces titular de AABE rechazó públicamente que hubiera existido una maniobra irregular.
Su explicación fue que la gestión macrista había recuperado un predio cuya explotación anterior se encontraba en condiciones muy desfavorables para el Estado y había realizado una licitación pública que incrementaba sustancialmente el canon.
Lanús también sostuvo que la adjudicación había cumplido las exigencias legales y que el dictamen de SIGEN que cuestionaba su intervención no había sido recibido por AABE antes de concretarse la adjudicación. Esa posición fue publicada en 2020 tras conocerse el cuestionamiento del organismo de control.
Este punto resulta relevante para dimensionar correctamente el episodio: SIGEN sostuvo que Lanús debía abstenerse; Lanús alegó que la respuesta del organismo no había llegado a AABE antes de la adjudicación. Con posterioridad, las nuevas autoridades de la Agencia adoptaron el criterio de SIGEN y revocaron el procedimiento.
Las ventas de Catalinas Norte
El Paseo de la Infanta no fue la única operación inmobiliaria de relevancia durante el período en que Lanús estuvo al frente de AABE.
Los propios registros oficiales muestran varias ventas millonarias realizadas en Catalinas Norte.
En octubre de 2017, por ejemplo, la AABE ofreció dos parcelas de aproximadamente 3.200 metros cuadrados con precios base de US$40 millones cada una.
En 2018 se subastó otro inmueble de 3.954 metros cuadrados en San Martín 1355 con una base de US$23 millones, mientras que otra parcela situada en Avenida Eduardo Madero 1255 salió con una base de US$25 millones.
La propia documentación oficial de uno de los pliegos de Catalinas identifica expresamente a Ramón María Lanús, presidente de AABE, como funcionario con competencia de decisión para autorizar la subasta, junto al vicepresidente Pedro Comín Villanueva, mientras que la aprobación correspondía al entonces jefe de Gabinete Marcos Peña.
AABE informó posteriormente que las ventas de seis parcelas realizadas entre 2017 y 2018 habían recaudado US$228,875 millones, fondos destinados a financiar parte del Paseo del Bajo.
La denuncia de la Oficina Anticorrupción
Parte de aquellas operaciones también terminó bajo análisis judicial.
En septiembre de 2020, la Oficina Anticorrupción denunció a Ramón Lanús, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros exfuncionarios por posibles negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas con subastas de terrenos de Catalinas Norte y campos de Córdoba.
La denuncia se originó en observaciones surgidas de una auditoría de SIGEN y quedó radicada ante el juzgado federal entonces a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Sin embargo, la existencia de una denuncia no equivale a responsabilidad penal.
En una entrevista concedida a La Nación en 2023, cuando ya competía por la intendencia de San Isidro, Lanús aseguró que nunca había sido llamado a indagatoria ni procesado por esas denuncias y afirmó que varias habían sido cerradas o estaban en vías de cierre.
En una revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no fue posible localizar una resolución judicial posterior y accesible que permita establecer de manera inequívoca el estado procesal actual de aquella denuncia específica de 2020 contra Lanús. Por esa razón, no corresponde presentarla como una causa penal actualmente activa ni atribuir al intendente una responsabilidad judicial que no surge acreditada.
Una auditoría posterior de la AGN sobre toda la gestión 2016-2019
Hay otro documento oficial de relevancia que fue elaborado varios años después.
En octubre de 2023, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó el Informe 162/2023, destinado específicamente a evaluar la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, prácticamente coincidente con toda la presidencia de Ramón Lanús en AABE.
El trabajo analizó alquileres, ventas, transferencias y concesiones de inmuebles del Estado Nacional.
Entre otras conclusiones, la AGN encontró deficiencias en la administración y en la información disponible sobre contratos de concesión y cuestionó distintos aspectos de la gestión patrimonial durante el período auditado.
El tema, además, no quedó completamente archivado desde el punto de vista del control externo.
El Programa de Acción Anual 2026 de la AGN incluye expresamente un proyecto destinado al “Seguimiento Resolución 162/2023 AGN”, con el objetivo de revisar la situación de los bienes estatales y los procedimientos y criterios utilizados para determinar su enajenación. La auditoría está programada entre febrero y noviembre de este año y comprende el período 2023-2025.
Un antecedente de gestión que vuelve a quedar bajo la lupa
Ramón Lanús llegó a la intendencia de San Isidro en diciembre de 2023 después de terminar con cuatro décadas de gobiernos de la familia Posse. Desde entonces, su administración ha colocado la transformación urbana, la inversión privada y el aprovechamiento del patrimonio municipal entre los ejes centrales de gestión.
Su pasado al frente de Bienes del Estado permite observar ahora, a partir de documentación oficial, una etapa de su trayectoria pública que estuvo marcada por una política activa de disposición y concesión de inmuebles estatales.
Aquella política fue defendida por Lanús como una forma de transformar activos improductivos en recursos y desarrollo. Pero también dio origen a cuestionamientos institucionales que excedieron la discusión partidaria.
En el caso del Paseo de la Infanta, la secuencia quedó documentada: SIGEN consideró que Lanús debía apartarse del procedimiento; la propia AABE incorporó posteriormente esa observación y terminó revocando la adjudicación y el contrato firmado el 9 de diciembre de 2019.
Son antecedentes que forman parte de documentos públicos y que permiten revisar una faceta de la carrera del actual intendente de San Isidro que comenzó mucho antes de su llegada al gobierno municipal.
