La oposición cuestionó el mecanismo utilizado por la gestión de Ramón Lanús para incorporar personal a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín. El concejal Walter Pérez aseguró que durante 2025 se habrían pagado $20.000 millones y llevó sus cuestionamientos al Tribunal de Cuentas. Documentación de la propia UNSAM confirma la existencia del acuerdo y el cobro de un canon equivalente al 10% sobre los honorarios.
La gestión del intendente Ramón Lanús quedó nuevamente en el centro de la discusión política en San Isidro a partir de los cuestionamientos sobre un convenio entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) utilizado para la contratación de recursos humanos.
La polémica tomó fuerza durante el fin de semana, luego de que el concejal opositor Walter Pérez cuestionara públicamente el volumen económico alcanzado por el acuerdo y reclamara mayor información sobre las personas contratadas y las tareas desarrolladas.
Según sostuvo Pérez en declaraciones publicadas por Perfil, el mecanismo fue ampliándose sucesivamente y durante 2025 el Municipio habría desembolsado alrededor de $20.000 millones. El edil estimó además que más de un millón de dólares habrían quedado en manos de la universidad a través de la comisión contemplada en el convenio.
El cuestionamiento no quedó únicamente en el plano político: Pérez aseguró que, ante la imposibilidad de obtener toda la información que reclama la oposición, el tema fue llevado ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Qué dice la documentación de la propia UNSAM
Más allá de las acusaciones políticas, Redacción Norte pudo verificar documentación publicada por la propia Universidad Nacional de San Martín que permite conocer algunas de las características del mecanismo.
Una planilla correspondiente a la Adenda VI al contrato Municipalidad de San Isidro 424/24 establece como objeto ampliar el plazo de ejecución del convenio e incrementar su presupuesto.
Para el período iniciado el 1° de enero de 2025, con una vigencia de doce meses, figura un monto presupuestado de $3.800 millones aportados por la Municipalidad de San Isidro.
Pero uno de los puntos que seguramente alimentará la controversia es el referido al costo administrativo.
La documentación establece un canon o gasto administrativo del 9,09%, aclarando expresamente que resulta “equivalente al 10% sobre honorarios”. Como beneficio para la UNSAM vuelve a consignarse el cobro de ese canon.
El documento también identifica como mecanismo de gestión la contratación de recursos humanos “por cuenta y orden de terceros”.
De esta manera, aunque la cifra global de $20.000 millones denunciada por Pérez deberá ser contrastada con la totalidad de las ampliaciones y pagos efectivamente realizados, la documentación universitaria sí confirma dos elementos centrales: el convenio se utilizó para contratar recursos humanos y contemplaba un costo administrativo equivalente al 10% de los honorarios.
La oposición pide explicaciones
Pérez sostiene que el convenio fue ampliándose sistemáticamente y cuestiona que los concejales opositores no hayan podido acceder al nivel de información que consideran necesario para controlar el destino de los fondos.
La controversia cobra mayor relevancia debido al volumen que, según la denuncia del edil, habría terminado alcanzando el mecanismo durante 2025.
Si efectivamente los desembolsos totales llegaron a los $20.000 millones denunciados, la discusión ya no pasa únicamente por la legalidad formal del convenio, sino también por su conveniencia económica, la identificación de los trabajadores contratados, las funciones efectivamente desempeñadas y el costo adicional que implica utilizar a la universidad como intermediaria.
La presentación ante el Tribunal de Cuentas apunta precisamente a que el organismo provincial de control pueda analizar esos aspectos. Por el momento, la existencia de cuestionamientos o denuncias no implica que el Tribunal haya determinado irregularidades ni responsabilidades por parte del intendente.
Un convenio que ya había generado una denuncia penal
La discusión tampoco comenzó este fin de semana.
En septiembre de 2025 trascendió una denuncia penal contra Ramón Lanús y el rector de la UNSAM, Carlos Greco, relacionada precisamente con el convenio de asistencia técnica entre el Municipio y la universidad.
Aquella presentación denunciaba presuntas irregularidades en la contratación de centenares de monotributistas y solicitaba investigar el destino de los fondos municipales, la documentación respaldatoria y las funciones desarrolladas por los contratados.
Es importante remarcar que se trató de una denuncia y no de una condena ni de una determinación judicial de responsabilidad.
El nuevo planteo formulado por Pérez vuelve ahora a poner el foco político sobre un mecanismo de contratación que mueve cifras significativas dentro del presupuesto municipal.
El contraste con el discurso de austeridad
La controversia tiene además un componente político para la administración de Lanús.
Desde el comienzo de su mandato, el intendente presentó la austeridad, la reducción del gasto y la transparencia en las contrataciones como algunos de los ejes centrales de su gestión.
En abril de 2025, al presentar sus compromisos de gobierno, el Municipio destacó públicamente una reducción del gasto, mejores procedimientos de compras y contrataciones y una caída del 50% en las compras directas respecto de la administración anterior.
Un año antes, el propio gobierno municipal había asegurado que la transparencia y la austeridad en el uso de los recursos públicos constituían pilares de la administración.
Es justamente ese discurso el que la oposición intenta ahora confrontar con el volumen de fondos canalizados mediante el convenio con la UNSAM y con el costo administrativo asociado.
Un debate que recién comienza
El caso abre varios interrogantes que serán centrales para determinar el verdadero alcance de la controversia: cuánto dinero desembolsó efectivamente San Isidro mediante todas las adendas del convenio, cuántas personas fueron contratadas, qué funciones cumplieron, cuánto percibieron y cuál fue el monto total recibido por la universidad en concepto de gastos administrativos.
Parte de la información ya puede comprobarse documentalmente. La propia UNSAM reconoce en sus registros el convenio, su utilización para contratar recursos humanos, un presupuesto de $3.800 millones en una de sus adendas y un canon equivalente al 10% de los honorarios.
La cifra global de $20.000 millones, en cambio, surge de la denuncia pública de Walter Pérez y deberá ser respaldada mediante el análisis de los pagos y sucesivas ampliaciones del acuerdo.
Con el planteo ahora instalado nuevamente en la agenda pública y llevado al organismo provincial de control, el convenio millonario para contratar personal se transforma en un nuevo frente político para la administración de Ramón Lanús.
