La Justicia Federal de Campana ordenó que tres hombres de nacionalidad china y taiwanesa continúen detenidos, acusados de integrar una maniobra de trata de personas con fines de explotación laboral. Cuatro trabajadores santafesinos fueron rescatados de un establecimiento rural de Pilar, donde vivían en condiciones precarias, cobraban menos de lo prometido y sufrían descuentos salariales.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento con prisión preventiva de tres hombres acusados de explotar laboralmente a cuatro trabajadores en un campo ubicado en el partido de Pilar. La investigación permitió reconstruir una presunta maniobra de captación de personas en situación de vulnerabilidad, mediante ofertas laborales que luego no se cumplían en las condiciones anunciadas.
La resolución alcanzó a Lin Jike, identificado como propietario del establecimiento rural; Chen Lung Sen, conocido como “Agustín” y señalado como responsable de reclutar a los trabajadores; y Chen Lin Qin, quien se desempeñaba como encargado del predio.
Los tres permanecerán detenidos mientras continúa la investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En cambio, el magistrado dictó la falta de mérito respecto de un cuarto imputado, Wang Biao, quien recuperó la libertad, aunque deberá mantener informado al tribunal sobre su domicilio y comunicar cualquier ausencia superior a las 24 horas.
Una denuncia que permitió descubrir la explotación
La investigación comenzó el 9 de octubre, cuando se recibió una denuncia a través de la Línea 145, el servicio nacional destinado a denunciar posibles situaciones de trata de personas.
A partir de esa presentación, la Justicia Federal dispuso una serie de medidas que culminaron, cinco días después, con allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en un establecimiento rural de Pilar y en una vivienda de la localidad santafesina de San Antonio de Obligado.
En los procedimientos fueron rescatados cuatro trabajadores argentinos mayores de edad, oriundos del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe.
Según la reconstrucción judicial, los hombres habían sido contactados por Chen Lung Sen, quien les ofreció trabajar a cambio de una remuneración de 25.000 pesos diarios.
Sin embargo, una vez que llegaron al campo, el propietario les comunicó que percibirían solamente 20.000 pesos por jornada.
A esa reducción salarial se sumaron descuentos por alimentación y transporte cuyos importes no habían sido informados previamente. Incluso, el traslado desde Santa Fe habría sido descontado de los haberes de los trabajadores.
Viviendas precarias, falta de registración y restricciones
Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las condiciones en las que los trabajadores debían vivir dentro del establecimiento.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, estaban alojados en una construcción de ladrillos sin terminar, con filtraciones de agua, instalaciones eléctricas expuestas y condiciones deficientes de habitabilidad.
El lugar contaba con una cocina alimentada mediante una garrafa ubicada en el interior y un baño externo, situado aproximadamente a cinco metros de distancia, que ni siquiera tenía puerta.
La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano constató incumplimientos en materia de seguridad e higiene laboral y verificó que ninguno de los cuatro trabajadores estaba registrado.
Los testimonios incorporados al expediente indicaron que las jornadas habituales eran de ocho horas, de lunes a sábado.
Uno de los trabajadores relató que tenía restricciones para utilizar su teléfono celular y comunicarse con sus familiares durante el horario de trabajo. También señaló que debía realizar horas extras.
La investigación estableció, además, que para retirarse del establecimiento los empleados necesitaban autorización de personas vinculadas al propietario.
Estas circunstancias fueron consideradas por la Justicia al analizar el presunto sometimiento laboral de las víctimas.
Trabajadores en situación de vulnerabilidad
La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Ministerio de Justicia intervino durante los procedimientos y evaluó la situación personal de los cuatro hombres.
Sus informes determinaron que atravesaban condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, habían comenzado a trabajar desde edades tempranas y no habían completado sus estudios primarios.
Para los investigadores, estos antecedentes resultaron relevantes al momento de analizar las circunstancias en las que habían sido captados y trasladados desde Santa Fe hasta Pilar.
Secuestraron dinero, armas y teléfonos celulares
Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de dinero en efectivo y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Entre los bienes incautados se encontraron 22.751.000 pesos y 21.000 dólares, además de siete teléfonos celulares, dos revólveres, una escopeta y una camioneta Iveco Daily registrada a nombre de Lin Jike.
También se hallaron 260 gramos de una sustancia que dio resultado positivo para marihuana en una prueba orientativa.
Durante el ingreso de los efectivos policiales al establecimiento, cuatro personas intentaron escapar, aunque fueron interceptadas y detenidas en las inmediaciones.
El procedimiento dejó inicialmente nueve detenidos: siete ciudadanos chinos, un taiwanés y un argentino.
La Dirección Nacional de Migraciones informó que la mayoría de los extranjeros identificados en el predio se encontraba en situación migratoria irregular.
Del operativo también participaron organismos como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Embargos millonarios y continuidad de la causa
Además de ordenar los procesamientos con prisión preventiva, el juez González Charvay dispuso importantes embargos sobre los bienes de los acusados.
Para Lin Jike, el embargo fue fijado en hasta 300 millones de pesos, mientras que para Chen Lung Sen y Chen Lin Qin se establecieron medidas de hasta 200 millones de pesos para cada uno.
El objetivo es garantizar eventuales costas del proceso y posibles reparaciones económicas para las víctimas.
En paralelo, el magistrado resolvió que la investigación vinculada con las armas y la sustancia estupefaciente encontradas durante los procedimientos continúe en la Justicia provincial.
Por ese motivo, remitió esas actuaciones al Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en Pilar.
Los tres principales acusados quedaron procesados por trata de personas con fines de explotación laboral, una figura que, en su modalidad agravada, contempla penas de entre ocho y doce años de prisión.
La causa continuará bajo la órbita de la Justicia Federal de Campana, mientras se profundizan las medidas destinadas a determinar las responsabilidades de los involucrados.
