El Gobierno nacional puso en marcha el proceso para concesionar la explotación del predio donde funciona Tecnópolis, el espacio de ciencia, tecnología, industria, arte y cultura ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto del Estado y avanzar en un esquema de gestión privada de espacios públicos de gran escala.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que se abrirá una licitación pública nacional para otorgar la concesión del predio por un plazo de 25 años, con posibilidad de una prórroga adicional. Según explicó el Ejecutivo, la medida no implica la venta del inmueble —que seguirá siendo propiedad del Estado nacional— sino la transferencia de su administración y explotación a un operador privado.
De acuerdo a los lineamientos del proceso licitatorio, el concesionario deberá hacerse cargo del funcionamiento integral del parque a partir del 1° de julio de 2026, incluyendo mantenimiento, inversiones y desarrollo de actividades. El contrato prevé el pago de un canon mensual fijado por los organismos de tasación del Estado y la obligación de preservar el uso del espacio para propuestas recreativas, culturales, educativas, deportivas y comunitarias.
Desde el Gobierno señalaron que Tecnópolis fue históricamente deficitario y que el nuevo esquema busca garantizar su sostenibilidad económica sin financiamiento estatal directo. La concesión apunta a incorporar capital privado para potenciar el predio y asegurar su funcionamiento durante todo el año.
La decisión recibió el respaldo de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien se expresó públicamente a través de la red social X. “¡Gran noticia! Desde el Municipio de Vicente López acompañamos al Gobierno nacional en esta medida”, escribió la jefa comunal, en referencia a la concesión del predio que se encuentra dentro de su distrito.
Tecnópolis fue inaugurado en 2011 y, desde entonces, funcionó como un espacio de acceso gratuito bajo administración estatal. A lo largo de los años, su uso y financiamiento generaron debates políticos y cuestionamientos sobre su costo de mantenimiento. Con la licitación en marcha, el Gobierno avanza ahora hacia un modelo de gestión privada con el objetivo de reducir el gasto público y redefinir el rol del Estado en la administración de grandes complejos culturales.
