El predio del kilómetro 46 de Panamericana volvió a quedar en el centro de la escena tras el hallazgo de vacunas, jeringas y material sanitario. La Justicia ordenó preservar elementos de prueba y surgieron nuevas actuaciones vinculadas con el uso del inmueble. En paralelo, la administración municipal acumula antecedentes de sanciones del Tribunal de Cuentas bonaerense.
El Municipio de Pilar atraviesa días marcados por una sucesión de noticias judiciales y administrativas que volvieron a poner bajo la lupa a la gestión del intendente Federico Achával.
El epicentro de la controversia es el enorme predio ubicado en el kilómetro 46 de Panamericana, donde durante la pandemia funcionó uno de los principales vacunatorios contra el Covid-19 de la provincia de Buenos Aires y que posteriormente también albergó dependencias municipales.
La difusión de imágenes del estado actual del inmueble, con jeringas, ampollas, documentación y diferentes materiales sanitarios todavía en su interior, provocó una fuerte repercusión y derivó en la intervención de la Justicia.
El fiscal Raúl Casal ordenó retirar los elementos existentes y preservar aquellos que pudieran resultar de interés como prueba, además de confeccionar un inventario. El procedimiento comenzó el miércoles 26 de agosto y contó con la presencia de Mateo Corvo Dolcet, vinculado a la sociedad propietaria del inmueble, quien fue citado para controlar el procedimiento.
La controversia, sin embargo, excede ampliamente el estado en el que fue encontrado el edificio.
Un predio con una compleja historia judicial
El inmueble había quedado bajo administración estatal luego de ser alcanzado por una causa federal. La Agencia de Administración de Bienes del Estado lo entregó al Municipio de Pilar y, a partir de 2021, comenzó a funcionar allí un vacunatorio de grandes dimensiones.
Durante la campaña contra el coronavirus llegaron a aplicarse miles de dosis por día. Según el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, por ese centro pasaron más de 440.000 aplicaciones.
La situación jurídica del inmueble posteriormente cambió. En 2025, la Justicia federal dispuso finalizar la cesión al Municipio y avanzar con la restitución del predio.
Y allí comienza uno de los puntos centrales de la discusión actual.
El Municipio sostiene que el lugar se encontraba en buenas condiciones mientras estuvo bajo su responsabilidad y afirma que, desde que se produjo la restitución judicial en marzo de 2025, quedó imposibilitado de ingresar.
“Durante ese período, el predio se mantuvo en correctas condiciones. Fue un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas”, sostuvo oficialmente la administración de Pilar al responder a las imágenes difundidas durante los últimos días.
El gobierno bonaerense presentó una explicación similar. Kreplak aseguró que el desalojo fue intempestivo y que no se permitió retirar los elementos de trabajo y los insumos que permanecían dentro del establecimiento.
Sin embargo, una resolución judicial citada por distintos medios introduce un elemento que alimenta la controversia: al ordenar la restitución, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi habría autorizado expresamente al Municipio a retirar los bienes que acreditara como propios, aunque bajo supervisión de las fuerzas de seguridad.
La determinación de las responsabilidades sobre lo ocurrido con esos elementos forma ahora parte de una discusión que deberá esclarecerse judicialmente.
Una nueva investigación que podría alcanzar a Achával
En las últimas horas apareció otra derivación vinculada con el mismo inmueble.
Según documentación judicial difundida por medios locales, el juez federal Alberto Recondo dispuso extraer testimonios y remitirlos a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que se sortee una causa destinada a investigar la posible comisión del delito de desobediencia por parte del intendente Federico Achával.
La cuestión gira alrededor de la utilización del inmueble y, particularmente, de la construcción de un muro perimetral cuando ya existían decisiones judiciales relacionadas con su restitución.
De acuerdo con la resolución reproducida públicamente, una inspección realizada el 12 de marzo de 2025 habría constatado que el Municipio continuaba utilizando el lugar e incluso desarrollando allí una actividad arancelada.
A partir de esas circunstancias, el magistrado consideró que correspondía investigar si pudo configurarse una desobediencia a las decisiones judiciales previamente dictadas.
Se trata de una investigación sobre una posible conducta delictiva y no de una declaración de responsabilidad penal contra Achával, una diferencia fundamental a la hora de analizar el alcance de la medida.
La habilitación sanitaria, otro interrogante
El exvacunatorio sumó además otro frente.
Información publicada este fin de semana da cuenta de actuaciones judiciales destinadas a determinar si el establecimiento contaba con la correspondiente habilitación sanitaria provincial durante su funcionamiento.
Según documentación atribuida al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, personal del Ministerio de Salud que intervino en una inspección habría informado que el lugar había sido utilizado como vacunatorio durante la pandemia sin contar con una habilitación sanitaria otorgada por esa cartera.
La existencia y alcance de esa eventual irregularidad deberá ser determinada dentro de las actuaciones correspondientes.
De confirmarse, el dato adquiere particular relevancia debido a las dimensiones que tuvo el centro durante la emergencia sanitaria y a la enorme cantidad de personas que fueron vacunadas allí.
La Suprema Corte también intervino por el inmueble
El conflicto alrededor del kilómetro 46 sumó este lunes otro capítulo.
Según información conocida este 31 de agosto, la Suprema Corte bonaerense dispuso suspender la aplicación de la Ley 15.239, mediante la cual se había declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio.
El máximo tribunal provincial también requirió documentación a ambas cámaras de la Legislatura bonaerense vinculada con el tratamiento de aquella norma y dispuso un reconocimiento judicial del inmueble.
Esta decisión agrega una nueva dimensión a una controversia que involucra decisiones municipales, provinciales y federales y que todavía se encuentra lejos de estar definitivamente resuelta.
Las observaciones del Tribunal de Cuentas
El escenario para la administración de Achával se completa con otro elemento que, aunque no forma parte de la causa del vacunatorio, resulta relevante al analizar los controles sobre la gestión municipal.
Durante los últimos días volvieron a tomar estado público distintos fallos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre las rendiciones municipales.
En este punto existen antecedentes oficiales concretos.
Por ejemplo, respecto del ejercicio 2022, una resolución posterior del Tribunal de Cuentas dejó sin efecto determinados cargos económicos que habían sido impuestos inicialmente, pero mantuvo responsabilidades y aplicó, entre otras, una multa de $440.000 al intendente Federico Achával.
También existen observaciones y sanciones correspondientes a otros ejercicios.
Pero hay un dato todavía más reciente: en el fallo correspondiente a la rendición de cuentas 2024, aprobado en abril de 2026, el Tribunal de Cuentas aprobó por mayoría la rendición municipal pero dejó asentados distintos incumplimientos y aplicó una multa de $1.385.000 a Federico Achával.
Además, el organismo desaprobó determinados egresos y formuló cargos por un total superior a los $31,9 millones, distribuyendo responsabilidades solidarias entre el intendente y distintos funcionarios municipales según cada concepto observado.
Es importante aclarar que las sanciones del Tribunal de Cuentas pertenecen al ámbito administrativo y contable y no equivalen por sí mismas a la comisión de delitos.
Una semana complicada para el gobierno de Pilar
Las distintas actuaciones no forman parte necesariamente de una única investigación ni permiten afirmar que exista responsabilidad penal del intendente en todos estos episodios.
Pero su acumulación convierte al Municipio de Pilar en uno de los distritos de la zona norte con mayor exposición judicial y administrativa durante los últimos días.
Por un lado, la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió en el exvacunatorio después de la finalización de la cesión municipal y determinar responsabilidades respecto de los materiales que permanecieron allí.
Por otro, deberá establecerse si existió alguna desobediencia relacionada con el uso del inmueble después de las órdenes judiciales de restitución y cuál fue la situación administrativa y sanitaria bajo la cual funcionó el vacunatorio.
A ello se agrega ahora la intervención de la Suprema Corte bonaerense sobre la ley de expropiación y, en un plano diferente, los antecedentes documentados de observaciones y sanciones del Tribunal de Cuentas sobre la administración municipal.
El Municipio y el gobierno bonaerense, mientras tanto, rechazan que sean responsables del estado actual del exvacunatorio y sostienen que la imposibilidad de ingresar al inmueble luego de la decisión judicial de marzo de 2025 explica por qué los elementos permanecieron en su interior.
Será ahora la Justicia la que deberá separar responsabilidades y determinar qué ocurrió efectivamente en cada uno de estos episodios.
Lo concreto es que, a pocos días de que las imágenes del abandonado vacunatorio del kilómetro 46 volvieran a ocupar el centro de la agenda pública, el caso abrió nuevos interrogantes sobre decisiones tomadas por la administración municipal y colocó nuevamente a la gestión de Federico Achával bajo la lupa.
