La propuesta del senador Maximiliano Abad de otorgar un plus salarial del 15% a los militares que acrediten títulos terciarios, universitarios o de posgrado exhibe una preocupante desconexión con la realidad profunda y estructural que, desde hace décadas, atraviesan nuestras Fuerzas Armadas. La educación es valiosa, pero cuando se convierte en excusa para eludir el debate central, entonces deja de ser una política seria para transformarse en un recurso superficial y populista que ignora el problema de fondo.
El estado militar impone responsabilidades, sacrificios y obligaciones que no existen en la vida civil, tales como disponibilidad permanente, disciplina, jerarquía, exclusividad y subordinación al poder político. La carrera militar no es un empleo, es un servicio público esencial y un compromiso de vida. Incentivar monetariamente títulos externos, ajenos al sistema de formación castrense, introduce distorsiones incompatibles con esta lógica. Fomenta la doble actividad, ya hoy extendida por los sueldos insuficientes; debilita la cohesión profesional y desplaza la prioridad; en vez de abocarse a perfeccionarse en su especialidad militar, muchos buscarán estudios externos para “sumar ingreso”. El soldado necesita horas de adiestramiento, instrucción en doctrina, práctica operativa, cursos específicos y adaptación continua a la tecnología y al entorno geoestratégico.
El verdadero problema no es la falta de títulos sino la precarización salarial y el éxodo silencioso. La raíz del malestar militar es conocida y sistemática: salarios extremadamente bajos, estructuras de vivienda y bienestar deterioradas; carrera imprevisible, personal con doble empleo y fuga constante de efectivos preparados que abandonan una vocación que ya no pueden sostener económicamente. No hay título universitario que compense un sueldo que no alcanza para vivir.
La dirigencia política, una vez más, pretende “innovar” con ideas estéticas en lugar de abordar lo esencial: dignificar la vida del soldado, suboficial y oficial para recuperar vocaciones, retener talento y reconstruir el tejido profesional de nuestras Fuerzas.
La propuesta del senador resulta más llamativa aún, cuando se la coloca en el marco del desmantelamiento operativo que nuestras Fuerzas Armadas arrastran desde hace por lo menos treinta años. Durante todo este tiempo los sistemas de armas se degradaron hasta niveles inaceptables, se perdió capacidad submarina tras el hundimiento del ARA San Juan, se mantuvo en servicio material con 40, 50 o más años de antigüedad; unidades navales, aéreas y terrestres quedaron sin repuestos, sin modernización y con disponibilidad mínima; la capacidad disuasiva quedó relegada a la mínima expresión. Recién ahora, con la incorporación de los F-16 y el anuncio del proceso para adquirir submarinos modernos, pareciera iniciarse una lenta reversión de décadas de abandono. Celebrarlo es legítimo, creer que esto resuelve el problema, no.
Argentina, por su extensión, sus fronteras terrestres y marítimas, su plataforma continental, sus riquezas naturales y su presencia en el Atlántico Sur, necesita un instrumento militar creíble, moderno y adecuadamente equipado. No por vocación belicista, sino por doctrina de disuasión, defensa de recursos estratégicos, soberanía y previsión geopolítica.
En los países con fuerzas armadas modernas, los mecanismos de incentivo académico forman parte de planificaciones estratégicas, integradas dentro del propio sistema militar. Se promueven cursos, especializaciones, estudios conjuntos, dominios técnicos y competencias indispensables para la función. Pero jamás se transforman en premios individuales desconectados de la misión de defensa.
La modernización militar depende de entrenamiento permanente, actualización tecnológica, doctrina, estructura salarial sólida, capacidad operativa real, equipamiento adecuado, sistemas de armas que funcionen y un Estado que entienda la defensa como política de Estado. Ninguno de estos factores se resuelve otorgando un plus por un título académico externo.
El proyecto del senador Abad expresa un patrón ya conocido, se propone lo accesorio en lugar de lo esencial. Durante décadas, la clase política ha preferido medidas simbólicas, económicas de bajo costo o retóricas (casi siempre presentadas como “reconocimiento”) en lugar de avanzar en salarios dignos, condiciones estables de vida, equipamiento moderno, recuperación de capacidades estratégicas, infraestructura militar y definición de un horizonte verdadero de defensa nacional. Esta iniciativa no solo no resuelve estos problemas, sino que los enmascara. Es políticamente atractiva, fiscalmente barata y conceptualmente equivocada.
Dignificar a nuestras Fuerzas Armadas exige responsabilidad, no populismo académico. Mejorar la educación es siempre valioso. Pero hacerlo bajo una lógica de sobresueldos desconectados de la misión militar implica desconocer la esencia del instrumento de defensa. Si Argentina quiere recuperar el profesionalismo, la moral, la capacidad operativa y la vocación militar, debe empezar por lo básico: sueldos dignos, carrera previsible, equipamiento moderno, poder disuasivo real, formación especializada dentro del propio sistema militar y condiciones de vida acordes a la responsabilidad constitucional de “defender a la Patria aún a costa de la vida”. Todo lo demás es accesorio. Y, cuando además se presenta como solución de fondo, es lisa y llanamente populismo legislativo.
La defensa nacional no se fortalece con gestos vistosos, sino con políticas serias, sostenidas y técnicamente fundadas. Ese, y no otro, es el camino para devolverle dignidad a quienes llevan sobre sus hombros la tarea indelegable de custodiar nuestra soberanía.
