El Gobierno nacional y la Justicia Federal expusieron los resultados de una investigación que reconstruyó el accionar de una organización criminal dedicada a extorsiones y estafas digitales operadas desde penales bonaerenses. La causa quedó directamente vinculada a la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que se quitó la vida en diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta de Olivos.
El caso había generado conmoción institucional: el joven murió durante una guardia nocturna en uno de los puestos de vigilancia del predio donde reside el presidente Javier Milei. La autopsia y las pericias confirmaron la hipótesis de suicidio, pero la carta que dejó el conscripto encendió las alarmas. Allí admitía estar bajo una fuerte presión económica y psicológica producto de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas. Ese documento fue el punto de partida para una investigación que, según las autoridades, terminó por desarmar una “pyme del delito” que actuaba desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia.
La investigación determinó que los estafadores usaban identidades reales de integrantes de fuerzas de seguridad, cuyos datos habían sido usurpados. En el caso de Gómez, la presión continuó incluso después de los primeros pagos, lo que agravó su situación financiera y emocional. La carta hallada junto a su cuerpo incluía anotaciones sobre deudas, transferencias y cálculos económicos que los investigadores interpretaron como evidencia del nivel de hostigamiento al que fue sometido.
Con escuchas telefónicas, pericias informáticas y análisis financieros, se identificó a tres internos como los coordinadores de la estructura: un hombre apellidado Francavilla —conocido en las maniobras como “Nahuel Contti”— detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también preso en Magdalena. Todos dirigían la actividad desde sus celdas. También se detuvo a personas externas que recibían las transferencias y oficiaban de intermediarias financieras. En total, se concretaron siete arrestos durante los allanamientos.
Uno de los puntos que la Justicia y el Gobierno remarcaron fue el uso sistemático de teléfonos celulares dentro de los penales. Señalaron que la habilitación del uso de dispositivos durante la pandemia, originalmente pensada para mantener el vínculo familiar por videollamada, derivó en una expansión del delito intramuros gracias a la falta de controles posteriores. La jueza Arroyo Salgado advirtió que la legislación vigente solo prevé visitas presenciales, no conectividad irrestricta, y que la situación actual permite a los internos manejar cuentas bancarias, redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Las autoridades también apuntaron a la existencia de fallas estructurales y eventuales connivencias dentro del sistema penitenciario que posibilitan el movimiento de teléfonos en las cárceles. Mencionaron antecedentes en otros distritos y calificaron el fenómeno como un problema crónico que facilita la continuidad de estafas, extorsiones, grooming y otras actividades delictivas organizadas desde prisión.
Tras la presentación pública, los internos identificados como responsables fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de mayor control. Además, se secuestraron celulares, se congelaron cuentas bancarias y se abrieron nuevas líneas judiciales para avanzar sobre el financiamiento del grupo. Desde el Gobierno afirmaron que el caso dejó expuesto un patrón delictivo activo y que se tomarán medidas para impedir que personas privadas de la libertad sigan operando libremente desde el interior de los penales.
La muerte de Rodrigo Gómez, ocurrida a metros del lugar donde descansaba el Presidente, quedó así ligada a una estructura criminal que captaba víctimas al azar mediante perfiles falsos y extorsiones progresivas. El caso no solo derivó en detenciones, sino que reabrió el debate sobre la regulación del uso de tecnología en las cárceles y sobre la capacidad del Estado para evitar que redes delictivas funcionen desde establecimientos penitenciarios.
