La Cámara baja dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo. La iniciativa, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, modifica el esquema vigente desde la dictadura y establece un sistema especial para menores, con sanciones alternativas y un tope de 15 años de prisión para delitos graves.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La votación arrojó 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, que provinieron del peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba. Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y, según fuentes parlamentarias, podría debatirse en una sesión prevista para el 26 de febrero.
El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. Desde el Frente Renovador manifestaron su acuerdo con la baja de la imputabilidad, aunque finalmente votaron en contra en general; uno de sus referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que acompañó en la votación en particular.
Se trata de la primera vez desde la restauración democrática que el debate sobre la edad de imputabilidad llega al recinto con chances concretas de modificar el régimen vigente. La propuesta impulsada por el oficialismo plantea reemplazar la actual normativa, sancionada durante la última dictadura, por un nuevo sistema especial para menores.
Entre los puntos centrales, el texto establece un régimen diferenciado que contempla desde sanciones alternativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. No se podrá aplicar la pena perpetua y se fija que los menores deberán cumplir condena en establecimientos especiales, separados de los adultos.
Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones con enfoque social y educativo. El proyecto también incluye medidas de resocialización y dispone que los menores no se mezclen con adultos en lugares de reclusión.
Uno de los ejes de mayor discusión fue el financiamiento del sistema. El diputado Maximiliano Ferraro propuso establecer un mecanismo directo, pero la iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que insistió en la firma de convenios entre la Nación y las provincias.
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”. Además, afirmó que el régimen vigente “permite la adopción de vagas medidas restrictivas” y cuestionó que haya sectores que no quieran modificarlo.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz criticó con dureza el proyecto y cuestionó a Patricia Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’”. “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, expresó.
Por su parte, la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, manifestó su acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad, aunque advirtió que “no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores”.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, señaló que la aprobación de la ley no implica una solución automática al problema de la inseguridad. “Con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver”, sostuvo, y agregó que “no solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”.
En tanto, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que el nuevo régimen busca “darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios” y advirtió que la criminalización “siempre se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”. También cuestionó que el Gobierno del “no hay plata” destine recursos a la persecución penal de menores.
Con media sanción en Diputados y un debate que promete reeditar tensiones políticas y conceptuales, el proyecto se encamina ahora a la Cámara alta, donde se definirá si la Argentina modifica finalmente la edad de imputabilidad vigente desde hace décadas.
