Luis Patti quiere salir de su prisión domiciliaria para trabajar como panadero: fuerte rechazo de organismos de derechos humanos

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El exintendente de Escobar, condenado en cuatro oportunidades a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, solicitó autorización judicial para realizar salidas transitorias con fines laborales y familiares. Actualmente cumple arresto domiciliario en el barrio privado Septiembre. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado, referentes de derechos humanos y abogados querellantes anticiparon su oposición al pedido.

El excomisario de la Policía bonaerense y exintendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, volvió a quedar en el centro de la polémica tras solicitar a la Justicia Federal una flexibilización de las condiciones en las que cumple sus condenas por delitos de lesa humanidad.

A sus 73 años, Patti pretende obtener autorización para abandonar periódicamente su domicilio, retomar su antiguo oficio de panadero y fortalecer sus vínculos familiares y sociales.

La presentación fue realizada por su abogada defensora, María Laura Olea, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, que en 2018 lo condenó por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez.

El pedido trascendió públicamente el lunes 16 de noviembre, luego de que el portal Letra P revelara la existencia de la presentación judicial y la convocatoria a una audiencia para el martes 17, en la que las querellas y los familiares de las víctimas podrían manifestar su posición.

Qué pide Luis Patti y cuáles son los argumentos de su defensa

La defensa del exintendente solicitó que se le concedan “salidas transitorias como primer paso en el régimen progresivo de reinserción social, para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales”.

Entre los argumentos esgrimidos, su abogada invocó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y calificó las actuales condiciones de detención como un “mortificante encierro carcelario”.

Según la información difundida por referentes de derechos humanos de Escobar, el planteo contempla una salida semanal de 24 horas y otra quincenal de 48 horas, bajo palabra de honor.

Uno de los destinos propuestos sería una chacra perteneciente al suegro de Patti, ubicada en Olivera, partido de Luján, donde podría compartir tiempo con sus familiares.

En cuanto a la actividad laboral, existen distintas versiones sobre el establecimiento en el que pretende desempeñarse como panadero.

Mientras referentes locales señalaron una panadería ubicada en Belgrano 349, en Belén de Escobar, propiedad de Alberto Babasz, la información publicada por Letra P menciona un comercio de Baigorrita, localidad del partido de General Viamonte en la que nació el excomisario.

De acuerdo con su defensa, Patti habría ejercido el oficio de panadero durante aproximadamente 30 años.

Hasta el momento, las diferencias respecto del destino laboral no pudieron ser aclaradas mediante una resolución judicial pública.

La presentación sostiene que recuperar una actividad laboral contribuiría a mejorar su socialización y su estado de salud, mientras que las visitas a la propiedad familiar favorecerían sus vínculos personales y la rehabilitación de una discapacidad visual.

Fuerte rechazo de referentes de derechos humanos de Escobar

La posibilidad de que Patti obtenga autorización para salir del domicilio donde cumple sus condenas generó cuestionamientos entre militantes de derechos humanos, familiares de desaparecidos y abogados que intervinieron en causas vinculadas con el terrorismo de Estado.

Uno de los que manifestó su oposición fue Orlando Ubiedo, militante político y sindical de Escobar y compañero de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.

“Hay que rechazar la medida porque es un atentado contra la Democracia, un guiño hacia los genocidas. Ellos, cuando torturaron a nuestros compañeros, no los dejaron ver la luz del día, entonces será justicia que cumplan sus condenas entre cuatro paredes”, sostuvo.

Los referentes locales consideran que la naturaleza y la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado el exintendente deben ser especialmente contempladas por el tribunal al momento de evaluar la solicitud.

Pablo Llonto advirtió que Patti todavía tiene causas judiciales pendientes

El abogado querellante Pablo Llonto también anticipó su oposición al otorgamiento del beneficio y recordó que el excomisario todavía enfrenta procesos relacionados con su actuación durante el terrorismo de Estado.

“Nos vamos a oponer a este pedido porque todavía tiene causas pendientes. La Justicia debe investigarlo y juzgarlo por crímenes sucedidos en el circuito represivo de Campo de Mayo en 1976 y 1977”, manifestó.

El abogado también remarcó que las características de los delitos de lesa humanidad deben ser objeto de una consideración particular por parte de los magistrados.

“Este tipo de crímenes debe tener una observación especial por parte de los jueces, fueron crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, son delitos gravísimos y alguno de ellos, como las desapariciones forzadas, se siguen cometiendo”, agregó.

El cuestionamiento de una integrante de Abuelas de Plaza de Mayo

Flavia Batistiol, vecina de Escobar, hija de detenidos desaparecidos e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, fue otra de las voces que expresaron su rechazo a una eventual flexibilización de las condiciones de detención.

“No se trata de un preso común, se trata de un condenado por secuestros, torturas, apropiación de niños, desapariciones y asesinatos cometidos desde el aparato del Estado. Son delitos de lesa humanidad, son crímenes que no prescriben, que no se perdonan”, afirmó.

Y agregó: “Darle libertad condicional es escupir sobre la memoria de los 30.000, sobre el dolor de las Madres, sobre el dolor de las Abuelas, de los Hijos, de los hermanos que todavía estamos buscando”.

Si bien Batistiol hizo referencia a la libertad condicional en sus declaraciones, el planteo presentado por la defensa corresponde específicamente a una solicitud de salidas transitorias, dos institutos jurídicos diferentes.

De intendente de Escobar a cuatro condenas a prisión perpetua

Luis Abelardo Patti desarrolló una extensa carrera dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires antes de ingresar a la actividad política y convertirse en intendente de Escobar, cargo que ocupó entre 1995 y 2003.

Durante la última dictadura militar integró estructuras policiales vinculadas con el aparato represivo que operó en distintos sectores de la zona norte del Conurbano bonaerense, particularmente en Escobar, Tigre y el circuito de Campo de Mayo.

A lo largo de diferentes procesos judiciales, el excomisario recibió cuatro condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

En 2011 fue condenado, entre otros hechos, por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante Gastón Gonçalves.

En octubre de 2018 recibió otra condena por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez, ocurrido en enero de 1976, antes del golpe de Estado.

La sentencia más reciente fue dictada en octubre de 2023 por el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, que lo condenó a prisión perpetua como partícipe necesario del asesinato del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto y del intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández, en hechos cometidos en 1977.

Desde 2017 cumple prisión domiciliaria en un barrio privado de Escobar

Patti permanece detenido desde 2008, aunque desde 2017 cumple sus condenas bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La medida fue concedida por razones de salud, luego de que el excomisario sufriera años antes un accidente cerebrovascular.

Desde entonces reside en una propiedad del barrio privado Septiembre, en Belén de Escobar, donde debe permanecer en cumplimiento de las condiciones de detención establecidas judicialmente.

El nuevo planteo de su defensa no busca modificar el lugar de cumplimiento de la pena, sino obtener autorización para ausentarse periódicamente de su domicilio con fines laborales y familiares.

La decisión está en manos de la Justicia Federal

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín deberá evaluar los argumentos presentados por la defensa, las condiciones de ejecución de las condenas y las objeciones formuladas por las partes querellantes.

La solicitud volvió a abrir el debate sobre el otorgamiento de beneficios penitenciarios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y los alcances del régimen progresivo de ejecución de la pena en estos casos.

Hasta el 17 de noviembre no se había informado públicamente una resolución que autorizara las salidas transitorias solicitadas por el exintendente de Escobar.