El Gobierno nacional completó el proceso de conversión de las Sociedades del Estado en sociedades anónimas con la inscripción de Ferrocarriles Argentinos como Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). El trámite se realizó ante el Registro Público y fue informado por la Inspección General de Justicia (IGJ), que confirmó el cierre del programa de reorganización societaria dispuesto por el Poder Ejecutivo.
La medida se enmarca en lo establecido por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que ordenó que todas las empresas con participación estatal, independientemente de su forma jurídica, se transformen en sociedades anónimas. De ese modo, pasan a regirse por la Ley General de Sociedades N.º 19.550, en las mismas condiciones que las empresas privadas y sin los regímenes especiales propios de las Sociedades del Estado.
Con la inscripción de Ferrocarriles Argentinos, el Gobierno dio por concluida la adecuación legal y registral de una docena de empresas públicas. Entre las compañías que ya habían completado el mismo proceso se encuentran Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam.
Qué implica el cambio de estatus jurídico
Hasta ahora, las Sociedades del Estado funcionaban bajo marcos normativos específicos, con prerrogativas propias del sector público. Al convertirse en sociedades anónimas, esas particularidades desaparecen y las empresas pasan a regirse por el derecho societario común.
Este cambio no implica de manera automática la privatización de las compañías, pero sí establece un marco legal compatible con distintos mecanismos de participación privada. La estructura de sociedad anónima permite, entre otras cosas, la emisión y transferencia de acciones, la incorporación de capitales no estatales, la transferencia total o parcial del paquete accionario y la implementación de esquemas de concesión u asociación bajo reglas de mercado.
Desde el Gobierno sostienen que la conversión es una condición previa necesaria para avanzar con procesos de venta, concesión o reordenamiento empresario sin requerir leyes específicas para cada caso.
El impacto en el sistema ferroviario y el contexto del AMBA
La conversión de las empresas ferroviarias adquiere especial relevancia para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano bonaerense, donde el sistema de trenes constituye un servicio esencial para la movilidad diaria.
Desde el comienzo de la gestión Milei, el servicio ha sufrido un notorio impacto en el deterioro de sus prestaciones, con conflictos que surgen de problemas sindicales, menos recursos destinados al mantenimiento, sumado a un plan de obras, que fue proyectado por la gestión anterior y cuenta con financiamiento internacional, que conlleva constantes y prolongadas interrupciones del servicio, particularmente en los distintos ramales de la línea Mitre que afecta a la zona norte del conurbano y a todo el corredor norte de la la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, el cambio de estatus jurídico se articula con otras iniciativas en marcha. Semanas atrás, el Gobierno solicitó asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en un nuevo esquema de concesión del sistema ferroviario metropolitano de pasajeros, actualmente operado por Trenes Argentinos.
El proyecto, denominado “Inversión privada y desregulación para modernización del transporte en Argentina”, prevé la elaboración de un estudio técnico orientado a definir un modelo de gobernanza, un esquema de concesión y una hoja de ruta para la implementación. La iniciativa abarca una red de más de 800 kilómetros de vías y líneas clave del AMBA, como Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.
Belgrano Cargas y los próximos pasos
En paralelo, fuentes oficiales indicaron que la conversión a sociedad anónima es un paso previo para avanzar con procesos de privatización ya programados. En ese marco, se mencionó el caso de Belgrano Cargas y Logística S.A., cuya privatización fue dispuesta mediante el Decreto 67/2025.
El esquema previsto contempla una privatización total mediante desintegración vertical, con remate del material rodante, concesión de vías e inmuebles y licitación de los talleres como obra pública. El Gobierno prevé publicar los pliegos correspondientes para iniciar formalmente el proceso.
Con la inscripción de Ferrocarriles Argentinos como SAU, el Ejecutivo considera finalizada la etapa de adecuación legal de las empresas estatales, dejando habilitado el marco normativo para una mayor participación del sector privado en el sistema ferroviario y en otras áreas del Estado empresario.
