Una grave denuncia sacude al Poder Judicial bonaerense. Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue acusado por una auxiliar letrada con casi dos décadas de trayectoria en el sistema judicial por presunto acoso sexual, abuso de poder, hostigamiento laboral y degradación institucional.
La presentación, realizada ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desencadenó la apertura de un sumario administrativo en menos de 24 horas para investigar los hechos.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 4 de abril de 2025, cuando el magistrado le envió un mensaje de voz de ocho minutos en el que expresaba su “atracción sexual” hacia ella, afirmando: “Me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos”.
La auxiliar calificó el mensaje como “cosificador y ofensivo” y señaló que, tras rechazar tajantemente cualquier vínculo afectivo o sexual, el trato laboral cambió drásticamente: fue relegada a tareas menores, ignorada y desautorizada, lo que generó un clima de desprecio que afectó su salud mental. Actualmente, la denunciante se encuentra con licencia psiquiátrica por trastorno de ansiedad, manifestando síntomas como temblores, palpitaciones y crisis de llanto.
Otro episodio inquietante narrado en la denuncia ocurrió el 19 de junio de 2025, cuando García Maañón manipuló su arma reglamentaria frente a la auxiliar, cargándola y pasando el cañón cerca de su rostro, lo que ella percibió como un acto intimidante.
La funcionaria también describió una reunión en la que el juez la obligó a sentarse en un sillón que la hizo sentir “hundida y vulnerable”, mientras él se acercaba físicamente, generando incomodidad. “¿Te incomoda?”, le preguntó, a lo que ella respondió afirmativamente antes de retirarse rápidamente.
La denunciante solicitó medidas para proteger su integridad psíquica, laboral y personal, incluyendo un cambio de dependencia, y expresó temor a represalias, dado que el magistrado se jactaba de tener contactos en la Suprema Corte y fuerzas de seguridad.
Un juez con trayectoria polémica
Ernesto García Maañón, de 76 años, es una figura conocida en el Departamento Judicial de San Isidro, donde ha desarrollado una carrera de casi cuatro décadas. Comenzó como juez de primera instancia en 1987, pasó a juez correccional y, desde la reforma del sistema acusatorio en 1998, se desempeña como juez de Cámara.
Ha intervenido en casos de alto perfil, como la investigación por la muerte de Diego Maradona, el crimen de María Marta García Belsunce, el asalto a “Baby” Etchecopar y la denegación de excarcelación del asesino serial Carlos Robledo Puch.
Además, es autor de libros como Homicidio simple y homicidio agravado y coautor de Aborto e infanticidio, y ha sido docente en la Universidad del Salvador.
El fiscal Martín Conde, tras analizar videos y pericias, consideró que el juez y su custodio actuaron en legítima defensa, por lo que no enfrentaron cargos. El hecho, que dejó al descubierto la destreza de García Maañón con las armas, generó amplio debate público.
Según fuentes judiciales, el magistrado practicaba tiro dos veces por mes y exhibía con frecuencia sus condecoraciones y armas en su despacho, un hábito que también fue mencionado en la denuncia por acoso como parte de las conductas intimidantes.
Impacto institucional y próximos pasos
La denuncia contra García Maañón se produce en un contexto de alta sensibilidad para el Departamento Judicial de San Isidro, tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, cuya actuación derivó en la nulidad del primer juicio por la muerte de Diego Maradona.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense, consciente del impacto de estas acusaciones, actuó con rapidez al abrir un sumario administrativo para investigar los hechos.
La denunciante pidió que se tomen declaraciones a otros jueces y personal de la Cámara para evaluar el trato del magistrado, especialmente hacia las mujeres, y solicitó garantías para evitar represalias.
Este caso pone en el centro del debate las dinámicas de poder y género en el ámbito judicial, sumándose a una serie de denuncias que buscan visibilizar y erradicar el acoso y el abuso en instituciones clave.
