El fallo pudo haber pasado inadvertido para la inmensa mayoría de los mortales, como muchos de los que se producen todos los días en Tribunales. La información, en pocas palabras, dice que el viernes, poco antes del mediodía, los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani –integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal– declararon nula una resolución del juez federal Sergio Torres que impedía que la Administración Federal de Ingresos Públicos accediera al expediente donde se investiga una presunta estafa cometida por un ciudadano argentino que hasta hace poco trabajaba para una compañía financiera internacional. Sin embargo, no se trata de un caso más, porque cuando los sabuesos de la Afip acerquen finalmente sus narices a una lista de “inversores” que el acusado le entregó al juez puede desatarse una reacción en cadena que podría derivar en el procesamiento de muy conocidos particulares y empresas por los delitos de elusión, evasión impositiva y lavado de dinero.

El imputado es Hernán Esteban Arbizu, ex vicepresidente encargado de Relaciones del Cono Sur del J. P. Morgan en Buenos Aires, y sus revelaciones –a las que ahora accederá la oficina fiscal argentina– complican al Grupo Clarín, a su directora y a sus principales accionistas, así como a otros 200 titulares de cuentas de J. P. Morgan, entre ellos, el Grupo Bulgheroni (que, con depósitos por más de 1.500 millones de dólares, encabeza el ranking), Jorge Priu (ex propietario de la petrolera San Jorge), Carlos Pedro Blaquier (Ingenio Ledesma), Eduardo Costantini (Nordelta), Claudia Caraballo de Quentin (fondos de inversión agrícola) y Rodolfo Constantini (Frigorífico Rioplatense).

Maniobras de un arrepentido forzado. El trabajo de Arbizu en J. P. Morgan tenía un objetivo claro: conseguir cuentas que superaran los 25 millones de dólares. Para eso, el hombre no dudaba en ofrecer a sus potenciales clientes –más precisamente a aquellos que querían invertir dinero no declarado en sus países de residencia– ayuda para crear estructuras que les permitieran ocultar la verdadera titularidad de los fondos. También, usando como garantía ese dinero no declarado depositado en el exterior, les ofrecía préstamos en la Argentina.

Según Arbizu, para que sus clientes evadieran impuestos en el país, J. P. Morgan aprovechaba un viejo convenio –convertido luego en la Ley 22.589– firmado por la última dictadura con Austria que evitaba la doble imposición sobre el capital y la renta. Los “inversores” compraban bonos de la deuda austríaca y evitaban pagar impuestos en la Argentina, ya que el convenio le cedía el derecho de recaudarlos a Austria, que no lo ejerce. Así evitaban pagar el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y el 35% del impuesto a las Ganancias. Como la rentabilidad de los bonos austríacos es muy baja, la operación se realizaba de la siguiente manera: a fin de año, los clientes pasaban las inversiones de todo un ejercicio a bonos austríacos y los declaraban ante la Afip, pero al principio del año siguiente se desprendían de esos papeles y compraban otros de mayor rentabilidad.

Todo esto se lo contó al juez Torres, a quien también le suministró un listado con los nombres de las empresas y los particulares implicados, sus números de cuenta y los montos de las operaciones. Su declaración no tuvo nada de desinteresada. Arbizu necesita convencer al juez de que es culpable de un delito cometido en la Argentina para evitar su extradición a los Estados Unidos, donde está acusado (el caso en su contra lo lleva el poderoso bufete Paduano & Weintramb) de haber realizado más de diez transferencias ilegales entre 2006 y 2008, así como de malversación de fondos por casi tres millones de dólares en el manejo de las cuentas de un cliente del J. P. Morgan. En el país del norte, estos delitos lo podrían llevar a pasar gran parte del resto de su vida en prisión. Con la Justicia argentina, cree, le puede ir un poco mejor. Así lo confesó el 20 de septiembre del año pasado, en una entrevista exclusiva con Miradas al Sur, donde también dijo que la suma total de las cuentas en América Latina supera los 20.000 millones de dólares.

Las cuentas de Clarín. El monto total de divisas giradas al exterior por personas físicas y jurídicas ligadas al Grupo Clarín investigado por el juez Torres –y sobre el cual ahora pondrá la lupa la Afip– es de casi 298 millones de dólares, separados en dos cuentas. Una de ellas (la 33438808.00) está integrada por dos personas jurídicas ligadas al Grupo –Artes Gráficas Rioplatenses y Multicanal– y su monto asciende a alrededor de 1.855.000 dólares. La restante (la 32407608.00, dividida entre otras 35 personas físicas y/o jurídicas) es por un total de más de 296 millones de dólares, entre los que resaltan 154.482.039,49 dólares (más de la mitad del monto total) a nombre de Ernestina Laura Herrera de Noble. El CEO del Grupo, Héctor Magnetto, tiene bajo el mismo número de cuenta casi 1.300.000 dólares. También hay “inversiones” a nombre de otros directivos del Grupo, y de Felipe y Marcela, los dos niños adoptados irregularmente por la directora de Clarín.
Además, figuran empresas conocidas como Prima S.A., Televisión Satelital Codificada, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. o Radio Mitre, y otras poco conocidas o sospechosamente desconocidas, como Silkwood Investments Ltd., o Mather Holdings Ltd. (ver infografía). “De todo ese dinero, puede haber parte en negro y parte en blanco. Es más, a Ernestina Herrera de Noble se le compraron por año más o menos 40 palos verdes de los famosos bonos austríacos, que permitían evadir más del 35 por ciento de Ganancias. Esa guita sí es declarada. Pero además hay un problema, que es la punta para que busque la Afip, porque el tipo que compraba bonos austríacos no es que tenía el cien por ciento de la guita declarada. Si empiezan a investigar van a ver que a partir de ese palo aparecen treinta sin declarar”, explicaba Arbizú a Miradas al Sur en aquella entrevista.

Lo que vendrá. Sospechando que muchos de los incluidos en la lista del ex vicepresidente de J. P. Morgan habrían realizado estas y otras maniobras contra el fisco, la Afip le solicitó meses atrás al juez Torres que le permitiera acceder a la documentación. Ante la negativa del magistrado, los abogados del organismo impositivo apelaron el fallo ante la Cámara en lo Criminal y Correccional, que el viernes rechazó el fallo del juez de primera instancia por carecer “de fundamentación suficiente” y le ordenó a Torres que permitiera a la Afip acceder al expediente judicial. De esta forma, se abre la posibilidad de que la agencia dirigida por Ricardo Echegaray se sume como querellante en la causa, para chequear el origen de los fondos y la declaración en el país de las cuentas mencionadas por Arbizu.

Así las cosas, en los próximos días los expertos de la Afip podrán finalmente investigar la lista de Hernán Arbizu y podrán saber quiénes –entre todos los que figuran en ella– han estado gambeteando al Estado para no pagar impuestos o fugar divisas. La hora de la verdad ya está en tiempo de descuento.